el obispo del Tucumán, fray Melchor Maldonado OSA y en 1642 tomóposesión de la diócesis de Asunción, en tanto que a fin de ese año llegaron las bulas fechadas el 18 de agosto de 1640.
Comenzaron las asperezascon los jesuitas, aunque más ríspidamente con el gobernador Gregoriode Hinestrosa que declaró la sede vacante y Cárdenas se refugió en Corrientes hasta 1647 en que regresó con una cédula de la Audiencia deCharcas que lo restituía en el cargo. Muerto el sucesor de Hinestrosa, elCabildo lo designó gobernador. Con ese poder, llegó su venganza, conacusaciones sobre supuestas herejías en el catecismo de los guaraníes ylas minas de oro, con lo que decidió expulsar a los jesuitas el 7 de marzode 1649 con la anuencia de los cabildantes. Poco le duró su mandatopues fue reemplazado por un nuevo gobernador que lo destituyó y envióa Chuquisaca para declarar sobre sus hechos. Aquella expulsión justamente se justificó con las afirmaciones del obispo-gobernador y el virreymandó al oidor licenciado Andrés Garavito de León16 para que aclararala situación conflictiva del Paraguay (COLECCION, 1768).
Garavito convocó a una audiencia pública donde se trataron trestemas. Primero sobre la expulsión de los jesuitas llevada a cabo por Cárdenas, luego por los daños ocasionados a la iglesia y el colegio que provocanlos seguidores del obispo y finalmente las acusaciones de las minas de oro.
Estos cónclaves fueron presididos por el visitador, desarrollándose entre el 12 de abril de 1650 y el 6 de noviembre del año siguienteen que se publicó la sentencia en la Plaza Mayor de Asunción en “altavoz por el negro Miguel”. Los autos, que publica Trelles (1867, p. 54-93),condenaron a una serie de funcionarios del Cabildo y se iniciaron conla declaración que hizo el procurador P. Juan de Rojas, quien afirmabaque le había llegado un informe, elevado a la Audiencia de Chile, delprovincial dominico fray Jacinto de Jorquera, que caracteriza como libelo.Ese texto sigue las denuncias del obispo Cárdenas, sobre que los jesuitas“ocultan grandes tesoros en dichas provincias en fraude de su Real Hacienda” (TRELLES, 1870, p. 54), entre otras acusaciones que incluían laconstrucción de un fuerte para defensa de esos tesoros. Por tal motivo lasentencia de la Real Justicia declaró: “por nulas las injustas e ilícitas todaslas juntas que con nombre de cabildos se hicieron los años de cuarentay ocho y cuarenta y nueve” (TRELLES, 1870, p. 57), por falta de autoridad legítima que avalaron la expulsión de los jesuitas. Por tal motivo seordenó quemar algunas actas del Cabildo y condenar a varios alcaldesordinarios y regidores de aquellos años, con privación de ejercer cargospúblicos, multas y hasta destitución de cargos militares. En la segundaacusación, demandada por el P. Juan Antonio Manquiano, se ordenó larestitución de bienes sustraídos y multas a los ejecutores del saqueo eincendio del colegio, siendo el principal implicado el teniente general, ejecutor de las órdenes de Cárdenas, Juan de Vallejo Villasanti, entre otros.Recordemos que el P. Manquiano era sardo y fue biografiadopor el P. Machoni (1732, p. 141-198). Allí cuenta que fue convocadoante la corte para dar explicaciones de las acusaciones que pesaban encontra suya. Pero enterada la Real Audiencia de Charcas de la CédulaReal, que al efecto se había publicado, respondió dando “relación de lavirtud, prendas, y mérito del sujeto” y la corte desterró a sus acusadores(MACHONI, 1732, p. 157-158).
Las audiencias específicas sobre el “oro fingido” se desarrollaronentre el 10 de enero y el 24 de julio de 1651 (TRELLES, 1870, p. 64-69),siendo querellante el mismo P. Manquiaro. Una de sus primeras acciones fue ordenar, por auto proveído el 10 de enero de 1651, a MelchorCasco de Mendoza, Cristóbal Ramírez Fuenleal, Juan de Azurza, GarcíaVanegas de Guzmán, Diego Yegros, Tomás de Arestigueta y FranciscoNúñez de Ávalos, para que dentro de los próximos veinte días salganpersonalmente a buscar las mentadas minas que denunciaban en poderde los jesuitas (PASTELLS, 1915, p. 244). El P. Manquiano, sabiendoque no iban a descubrir nada, insistió varias veces para que, si no descubren las minas, se los castigue (PASTELLS, 1915, p. 247). Así es quelos denunciantes comenzaron a excusarse, abriéndose un largo procesodonde poco a poco se fueron descubriendo las falsedades.
De tal manera que Garavito de León falló contra las afirmacionesde los mencionados Núñez Dávalos, Casco de Mendoza, Aristigueta, a
16 Caballero de la orden de Santiago, Oidor de la Audiencia de la Plata, visitador general ygobernador del Paraguay entre 1649 y 1653. [p. 12, 13]
El deán de la catedral de Albarracín manifiesta que el mandatariono le creyó y luego de detallar las condenas, explica que los jesuitas invitaron al oidor a que recorra las reducciones como testigo ocular, paraque comprobase que no había minas. Ante las escusas del funcionario,el P. Juan Pastor se lo solicitó judicialmente como provincial y esto veníaa cuenta por que también se decía que los jesuitas no dejaban entrar alas reducciones a obispos ni gobernadores. Este pedido fue reforzadopor el anciano Diego de Boroa que dejó un escrito donde expuso la necesidad de su visita como “remedio decisivo contra tanta maledicencia”(ASTRAÍN, 1916, p. 621).El tema del oro continuó sobrevolando la alucinación mental delos europeos, ávidos de encontrar riquezas en las nuevas tierras. La noticia llegó a Europa y alcanzó a haber quienes escribieron a la Audienciade Charcas diciendo que conocían el sitio de las minas.El indio Domingo y de vuelta al ruedoComo Garavito no había recorrido las tierras personalmente, la Audiencia de Charcas envió como visitador y gobernador del Paraguay a suoidor Juan Blázquez de Valverde (1656-1659)18 con la expresa comisiónde recorrer las reducciones, empadronar a los indios para establecerquiénes pagarían tributo y, lo más discretamente posible, encontrar lasmentadas minas de oro.No había llegado aún a Asunción, que comenzaron a lloverledenuncias en contra de los jesuitas, algunas muy insólitas como la quese refiere Del Techo (2005, p. 701) donde los denunciaban de enviarremesas de oro a los portugueses y franceses. Incluso se esparció queun soldado había dicho que, sirviendo en el ejército francés, cuando fue18 Catedrático de Prima de Leyes en la Universidad de Lima, del Consejo de su majestad. Oidorde la Real Audiencia de Charcas, Gobernador y Capitán General de la provincia del Paraguayy visitador de las provincias de Uruguay y Paraná. MONTE DE LÓPEZ MOREIRA, MaríaGraciela. Juan Antonio Blázquez de Valverde. In: Diccionario Biográfico electrónico de la RealAcademia de la Historia. Disponible en: https://dbe.rah.es/biografias/35030/juan-antonioblazquez-de-valverde. Acceso en: 16 dic. 2022. [p. 15]
él nunca había visto, ni estado en aquellas reducciones y menos sabía qué cosa era una fortaleza, ni castillo, pues nuncahabía estado en parte, ni ciudad alguna que tuviese tal defensa, ni jamás supiera, aunque le viera comprender y delinearle, lo cual daba por notoria prueba de que aquel papelo mapa que había mostrado y entregado a su Señoría no erasuyo, como toda la machina de su deposición, sino de otraspersonas, que tenían mal corazón con los Padres de la Compañía (JARQUE, 1687, p. 240).El oidor también había llevado mineros que le dijeron “que nosolo no había allí minas, sino que el clima y disposición de la tierra le repugnaban” (JARQUE, 1687, p. 240). Esto mismo había informado Larizal gobernador de Buenos Aires cuando en 1647 visitó las reducciones.Volvió el oidor a Asunción donde no solo declaró nuevamente libre ala Compañía de Jesús de las calumnias, sino que alabó la labor misionalque realizaban en los por entonces veintidós poblados que tutelaban,ratificando las sentencias de Garavito. [p. 17]
El informe que sobre el tema realizó Blázquez de Valverde en1657 fue impreso al año siguiente (Figura 1). Allí se retrotrae a las actasdel Cabildo que anuló Garavito de León, ratificando las sentencias quepronunció y sumando al expediente, que llevaba por entonces más detrecientas fojas, su propia condena, presidida de las disculpas y retracción de los acusados: “condeno a perpetuo silencio en ellas con apercibimiento, que volviéndolas a mover y solicitar, serán desterrados de estaprovincia perpetuamente como alborotadores de ellas y condenados enlas penas corporales en que incurren los delatores falsos” (BLÁZQUEZDE VALVERDE, 1658, p. 4).Con todas las certificaciones necesariaspara enviar a España, adjuntó otra sentencia referida al indio Domingo,donde ratificó lo expresado por Jarque, agregando Antonio, que el sitiode las minas era el pueblo de Concepción, por lo que declaró que todossus dichos eran falsos, confesando que era tupí nacido en Yaguarón yque lo había sacado de allí el capitán Cristóbal Ramírez Fuenteal, suamo, siendo uno de los delatores que en su lecho de muerte confesósus mentiras. El capitán regaló el indio al mencionado Melchor Maldonado y luego pasó a las órdenes del obispo Cárdenas (CHARLEVOIX,1913, p. 213; PASTELLS, 1915, p. 477). Antonio fue perdonado por losjesuitas, pero condenado por el oidor a “un año y ocho meses de prisión” y “más de doscientos azotes que se le den por las calles públicasde esta ciudad, puesto a caballo en una albarda, con voz de pregoneroque publique su delito” (BLÁZQUEZ VALVERDE, 1658, p. 5). Eso sí,se le perdonaron las costas “por su pobreza”.20 El mapa que presentóAntonio lo publicó por primera vez el P. Hernández (1913, p. 228) y seha conservado en el Archivo General de Indias, con una copia de otramano, posiblemente del siglo XVIII (Figura 2). [p. 18]
